El Salvador ha logrado avances visibles desde la adopción de su plan de seguridad de la aviación 2022–2025, entre ellos la certificación del Ilopango International Airport. Sin embargo, los datos más recientes de la ICAO muestran que reforzar la infraestructura aeroportuaria es solo una parte de la ecuación. El país sigue enfrentando un desafío más amplio: garantizar que su capacidad para regular, certificar y supervisar de manera continua los aeropuertos evolucione al mismo ritmo.
Cuando El Salvador publicó su National Aviation Safety Plan en 2022, el Ilopango International Airport todavía se encontraba en proceso de certificación. El país también se había fijado como objetivo mejorar la supervisión aeroportuaria, la gestión de la seguridad operacional y la capacidad institucional.
Cuatro años después, uno de esos cambios es claramente visible.
Ilopango obtuvo su certificación en 2024, un hito que la Autoridad de Aviación Civil (AAC) presentó como parte de los esfuerzos para garantizar que el aeródromo cumpliera con las normas de seguridad aplicables.
Pero la certificación de un aeropuerto individual solo cuenta una parte de la historia.
Los datos de la ICAO publicados en octubre de 2025 otorgaron a El Salvador un índice de Effective Implementation del 75,2 % en Aerodromes and Ground Aids (AGA), el área de supervisión de la aviación que abarca los aeródromos y sus sistemas de apoyo.
Este dato es relevante porque el propio plan 2022–2025 de El Salvador había establecido un objetivo de al menos el 85 % tanto en supervisión de aeródromos como en investigación de accidentes para su próxima auditoría USOAP.
Esta diferencia pone de manifiesto un desafío que va más allá de construir o certificar infraestructuras.
El desarrollo aeroportuario necesita un sistema de supervisión que lo respalde
La seguridad aeroportuaria depende de la infraestructura física, pero también de lo que sucede una vez que esa infraestructura ha sido construida.
Las autoridades necesitan contar con suficiente capacidad técnica para certificar instalaciones, realizar inspecciones, supervisar a los operadores y garantizar que las deficiencias sean corregidas. A medida que aumentan el tráfico y la actividad aeroportuaria, también crecen estas responsabilidades.
El Salvador ya había reconocido esta necesidad en su plan nacional.
El documento identificaba la certificación, la vigilancia continua y la resolución de deficiencias de seguridad entre las áreas que requerían mayor atención. También señalaba al sector de los aeródromos como uno de los componentes del sistema nacional de aviación que necesitaba mejorar.
Esto hace que el índice del 75,2 % sea especialmente relevante. No se trata simplemente de una evaluación del estado de las pistas o de las instalaciones aeroportuarias. Refleja el sistema más amplio del Estado encargado de garantizar que los aeródromos sigan cumpliendo los requisitos de seguridad a lo largo del tiempo.
La evaluación detallada de la ICAO de 2025 muestra que El Salvador obtiene buenos resultados en algunos componentes de este sistema, mientras persisten resultados más débiles en áreas relacionadas con el personal técnico, los procesos de certificación y la vigilancia continua.
Para los operadores aeroportuarios y los responsables de las políticas públicas, esta distinción es importante: un aeropuerto puede alcanzar un hito importante en materia de certificación mientras el sistema de supervisión en su conjunto todavía tiene margen para fortalecerse.
La auditoría de la ICAO de 2025 estableció un nuevo punto de referencia
El final del plan nacional también coincidió con una importante evaluación externa.
La ICAO llevó a cabo una auditoría del Universal Safety Oversight Audit Programme en El Salvador entre el 16 y el 28 de julio de 2025.
Antes de la auditoría, la AAC había estado trabajando en actualizaciones regulatorias, preparación del personal, documentación y evaluaciones internas. Los propios materiales preparatorios de la autoridad muestran que el ejercicio abarcó múltiples áreas del sistema de aviación civil, desde las operaciones de aeronaves y la aeronavegabilidad hasta la navegación aérea, los aeródromos y la investigación de accidentes.
La auditoría proporciona, por tanto, a El Salvador un nuevo punto de referencia tras los cuatro años de implementación de su plan de seguridad.
Sin embargo, existe una limitación importante. El plan de 2022 registraba un índice global de Effective Implementation del 89,64 %, pero los protocolos de auditoría de la ICAO han evolucionado desde entonces. Por lo tanto, las cifras anteriores y las más recientes no deben compararse directamente para determinar si la seguridad de la aviación ha mejorado o empeorado.
La cuestión más relevante es determinar si se están abordando las debilidades específicas identificadas por El Salvador.
En el ámbito de los aeródromos, el último dato disponible de la ICAO indica que todavía queda trabajo por hacer.
El progreso es real — pero la capacidad de seguridad debe crecer al mismo ritmo
Esto no significa que el ciclo 2022–2025 pueda resumirse como una historia de objetivos incumplidos.
La certificación de Ilopango representa un cambio concreto respecto de la situación descrita cuando se elaboró el plan. El país también se ha sometido a una nueva auditoría de la ICAO y ha seguido actualizando su marco de gestión de la seguridad operacional, incluida la aprobación de una nueva edición de su RAC 19 Safety Management Regulation en julio de 2025.
La principal conclusión es que el desarrollo aeroportuario y la supervisión de la aviación son dos niveles diferentes de un mismo sistema.
Uno crea capacidad sobre el terreno. El otro garantiza que esa capacidad siga funcionando de manera segura.
Esta distinción adquiere cada vez mayor importancia a medida que los mercados de la aviación se expanden. Las nuevas infraestructuras, el aumento de las operaciones o las certificaciones aeroportuarias también generan una mayor demanda de inspectores, conocimientos técnicos, procesos de vigilancia, datos de seguridad y seguimiento regulatorio.
El propio plan de seguridad de El Salvador ya reconocía algunas de estas presiones. Junto con las limitaciones de infraestructura, identificaba los recursos limitados, la cultura de seguridad y la capacidad institucional entre los desafíos a los que se enfrentaba el sistema nacional de aviación.
Por tanto, la cuestión ya no consiste simplemente en saber si el país puede ejecutar proyectos específicos o completar procesos de certificación. Se trata de determinar si el sistema encargado de supervisarlos puede desarrollarse al mismo ritmo.
El desafío posterior a 2025
El plan de El Salvador fue diseñado para extenderse hasta 2025. También contemplaba un seguimiento continuo de sus iniciativas de seguridad y la medición de los avances respecto de los objetivos nacionales.
El final de ese ciclo deja una imagen más matizada de la que puede ofrecer un único índice de auditoría.
Se ha completado una importante certificación aeroportuaria. El marco regulatorio ha seguido evolucionando. Una nueva auditoría de la ICAO ha proporcionado otra evaluación externa del sistema de aviación del país.
Al mismo tiempo, la supervisión de los aeródromos se situaba en 75,2 % según los datos de la ICAO de octubre de 2025, por debajo del objetivo del 85 % establecido por El Salvador.
Para la próxima fase de la estrategia de seguridad de la aviación del país, el desafío central resulta cada vez más claro: los avances en infraestructura deben ir acompañados de la capacidad institucional necesaria para supervisarla.
